Europa acelera su transición hacia las cero emisiones en el transporte. Tal y como te contamos ayer, la Comisión de Medio Ambiente (ENVI) ha aprobado definitivamente un nuevo programa de ahorro de emisiones contaminantes, denominado Fit for 55, en el que, como principal propuesta, figura ya el adelanto a 2035 de la prohibición de venta de los coches diésel, gasolina e híbridos, así como de los e-fuels, en todo el continente. Este acuerdo debe ahora someterse a aprobación en el próximo pleno del Parlamento Europeo, aunque todo hace indicar que será ratificado sin problemas una vez cerrado ya en la comisión.
Pues bien, este ambicioso programa contempla otras importantes medidas, tal y como desvelan hoy nuestros compañeros alemanes de Auto Motor und Sport. Además de reducir en un 20% las emisiones para los turismos ya en 2025, o impedir que los vehículos que sobrepasen los 123 g/km de CO2 puedan venderse ya a partir de 2030 (detalles de los que sí te informamos ayer), el nuevo proyecto de ley prevé ya también nuevos impuestos sobre el CO2 de los vehículos que se grabará, directamente, sobre los combustibles.
Según informan en AMS, esta nueva tasa, eso sí, no se aplicará sobre todos los vehículos que circulen por la Unión Europea: no, en principio, se prevé solo para las empresas. Y es que la medida formaría parte del nuevo proyecto sobre el comercio de emisiones para edificios y tráfico rodado, lo que supone en la práctica un nuevo impuesto adicional sobre el CO2 en toda Europa para el repostaje y la calefacción, pero solo para las empresas, donde los consumos son muy superiores.
Las gasolinerías contarían con dos precios: uno para particulares y otro para empresas
El programa Fit for 55 de la UE prevé así un ahorro del 55 por ciento de las emisiones netas de CO2 para el año 2030. Pero, ¿cómo ser cargaría este nuevo impuesto al CO2? Pues, según ha trascendido en las últimas horas, tras duras negociaciones, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo habría decidido finalmente excluir de esta tasa a los vehículos particulares, que seguirán con el mismo precio de la gasolina, el diésel, el GLP o el GNC. Sin embargo, sí afectará a las empresas, a los que en un futuro se les podría aplicar precios más altos.
Esta tasa se cargaría directamente en las gasolineras y estaciones de servicio al hacer los repostajes, por lo que en la práctica supondría que habría dos precios de combustibles diferenciados: uno más bajo para los particulares; y otro más alto y ya con la tasa cargada para las empresas. La cuantía de este gravamen aún no estaría clara, pero las primeras informaciones que llegan desde Alemania apuntarían a un incremento de entre 10 y 20 céntimos por litro, según las primeras propuestas de fijación de precios de CO2 de la Comisión al Parlamento.
El documento establecería también que, en caso de que los Gobiernos de los distintos estados miembros quisieran evitar este trato desigual entre particulares y empresas, podrían tomar la decisión unilateral de exigir voluntariamente un nuevo impuesto de CO2 a los ciudadanos, algo que vemos cómo está ocurriendo ya en muchas zonas: Cataluña, sin ir más lejos, ya ha comenzado a aplicarlo, mientras que en la Comunidad Valenciana ya se estudia también.
Desde Alemania se está criticando hoy duramente la implantación de esta nueva medida que podría aprobar la UE, ya que crearía un sistema muy complejo de precio de combustibles y que podría, incluso, alentar al fraude entre particulares y empresas para evitar las tasas. Miembros incluso de la Comisión de Medio Ambiente habrían votado en contra de este propuesta, mostrándose muy escépticos sobre una propuesta que consideran que nunca podría convertirse en ley. Además, encarecer ahora aún más los combustibles, con los precios tan elevados que tienen y las dificultades de servicio que alegan los transportistas, solo generaría un conflicto de magnitudes desconocidas.
